martes, 29 de enero de 2013

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917...ADIOS Y DESCANSO ETERNO por ENRIQUE PEÑA NIETO

PROGRAMA TEMAS LEMAS Y DILEMAS 
30 DE ENERO DE 2013







¿ADONDE HAN DEJANDO LOS MEXICANOS  EL LEGADO DE HOMBRES COMO  EL GENERAL FRANCISCO VILLA?

Escucha a Ignacio Lopez Tarso con 
 ! DESPIERTEN YA MEXICANOS ¡
COMO CALDERÓN; PEÑA NIETO Y PARANINFOS, PREPARAN “FESTEJO” A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


A unos cuantos días para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumpla el 96 aniversario de su promulgación, la clase política le reserva una aniquiladora sorpresa: la recta final de implantación de las eufemísticamente llamadas “reformas estructurales”. La destrucción definitiva del gran pacto social, por cierto incumplido casi desde su puesta en vigor. Los datos no mienten: 96 años de Constitución, 206 decretos de reforma constitucional, 555 artículos modificados.

Con las acciones modificatorias al texto en beneficio de la clase empresarial básicamente, así como de forma menor pero sostenida para la iglesia católica y sus entes político-económicas, emprendieron su labor contrarrevolucionaria en la década de los años 40’s durante el mandato de Manuel Ávila Camacho, Las nuevas elites actuaron rápidamente para contrarrestar y/o en su caso dar marcha atrás con el contenido social de la Constitución de 1917, particularmente a lo plasmado en los artículos 3º, 27 y 123.


Después de un largo y desmantelador camino, y teniendo en el pasado resiente las secuencias más devastadoras del golpe mortal a la republica y a su constitución de todos los decretos de reforma constitucional, más de la mitad se han expedido en los últimos 30 años. Más aún, de los 206 decretos 67, representan el 33%,  y fueron logrados en los últimos 15 años, precisamente a partir de que surgieron los famosos gobiernos sin mayoría pero con el PRIAN en todo su esplendor. En los 15 años anteriores los gobiernos del PRI, con todo y sus mayorías y el poder de su firma, no solo pasaron menos reformas (39 decretos o sea el 19%) sino que dejaron en el olvido las famosas reformas estructurales, lo anterior reafirma que solo mediante la unidad programática y de acción de el PRI y el PAN, se da la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país.

Las reformas al articulo 3º y 27 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y lo anunciado por su fachada (léase Enrique Peña Nieto),así como las del grupo económico que este representan, lanzan el embate final, con la apertura de PEMEX bajo la retorica contenida en la reforma energética al igual que la fiscal; y que ambas forman parte del “Pacto por México” son la puntilla para la Constitución del 17.
 
Los principios distintivos de nuestro Carta Magna, que tanto “lastimaron y lastiman” a las viejas y nuevas élites católicas, empresariales; y aunque usted no lo crea, a la clase política representada por todos los partidos políticos actuales, grandotes y chiquitos, beneficiarios todos ellos de los preceptos contenidos en la Constitución trabajan y pactan su destrucción.

Cortina de humo es lo que pretende ser en realidad la nueva Cruzada Nacional contra el Hambre. El modelo se tomo de lo hecho en Brasil cuando Lula asumió́ la Presidencia en 2003. Si consideramos que esa nación superó ya la meta establecida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (redujo la extrema pobreza en másde la mitad antes de 2015), el programa Hambre Cero es referencia obligada.

¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Hay lecciones importantes: Cuando el problema del hambre tiene que ver con la falta de acceso a los alimentos más que con la disponibilidad, una política para combatir este flagelo debe pasar necesariamente por el combate a la desigualdad y la miseria tanto en sus efectos como en sus causas. Fome Zero buscó con un grado relativo de éxito ser más que un programa de transferencias al estilo Oportunidades. Además del ya conocido programa Bolsa Familia, que hoy beneficia a más de 13 millones de familias con un ingreso mínimo, incluye un conjunto de 30 programas donde se articulan medidas de emergencia para atender a los grupos en situación de vulnerabilidad con otras de cambio estructural orientadas a incrementar el ingreso de los más pobres. Se trata de una política de seguridad alimentaria: no se plantea solo acabar con el hambre hoy, sino garantizar que todas las familias tengan condiciones de alimentarse dignamente y con regularidad en cantidad y calidad suficiente para mantenerse sana física y mentalmente.

A una semana de su presentación, ni el presidente Enrique Peña Nieto ni la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, han podido explicar cómo van a lograr los objetivos planteados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo que genera serias dudas sobre su implementación. La Cruzada tiene como única virtud hasta estos momentos, de llamar al hambre por su nombre y de reconocer que la ampliación de la cobertura de los programas no ha significado la reducción de la pobreza. Pero se debe criticar con firmeza y sin ambages que no se hayan disipado dudas elementales en torno al programa, por ejemplo cómo coordinar a los tres niveles de gobierno para poner orden en la política social.

El decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22 de enero pasado, establece que la SEDESOL promoverá la suscripción de acuerdos integrales con las entidades federativas a fin de canalizar esfuerzos y recursos públicos hacia los objetivos de la Cruzada. No obstante, sostiene que no basta con la voluntad de gobernadores para poner en orden alrededor de 2 mil programas sociales dispersos, muchos de los cuales, según datos del CONEVAL, están mal diseñados y siguen operando a pesar de sus escasos resultados.

El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social señala que una manera de conducir eficientemente esta concentración de esfuerzos sería plantear modificaciones a la Ley de Planeación, a fin de establecer en ella las obligaciones de cada uno de los tres niveles de gobierno; sin embargo, la posible reforma a dicho ordenamiento no ha sido mencionada por la titular de la Sedesol o el jefe del Ejecutivo.


"Se requiere revisar la Ley de Planeación, que se establezcan las responsabilidades de cada orden de gobierno. Me parece bien que haya acuerdos integrales con las entidades federativas, pero estos deben partir de un ordenamiento legal, más allá de los compromisos personales", sostiene.

Otro tema que tampoco ha explicado esta administración, indica, es cómo va a conectar la política social con la económica, toda vez que el incremento en el número de pobres registrado en 2010 -3.2 millones con respecto a 2008- como consecuencia de la crisis económica, dejó claro que los programas sociales no pueden reducir la pobreza si no están articulados con estrategias encaminadas a generar empleos con salarios dignos.

"Oí decir al Presidente que hay que enfrentar las causas estructurales (de lapobreza y el hambre), pero no dice cuáles son éstas y cómo las va a enfrentar. Sólo se hace una reflexión de que hay una serie de causas estructurales, y la experiencia de hace un par de años nos muestra que las causas estructurales no se resuelven con política social, se resuelven con política económica", insiste.

El especialista considera necesario generar opciones productivas -meta señalada por Peña Nieto como una de las principales medidas para reducir la dependencia de la población beneficiaria a los programas sociales-, pero eso dista mucho de ser la solución para todas las localidades en pobreza extrema.

Fuentes explica que existen muchas comunidades en donde no hay agua, redes de comercialización o caminos. Como referencia, señala que actualmente hay alrededor de 80 mil localidades con menos de 200 habitantes cuya dispersión impide incluso la llegada de programas sociales.

Advierte el experto en políticas públicas, Mario Luis Fuentes que otro tema ausente en el decreto es el ordenamiento del mercado de los alimentos, aspecto prioritario para reducir los niveles de carencia alimentaria que, de acuerdo con el Coneval, afectan a más de 28 millones de personas.

"Tienen que ordenar el mercado de los alimentos. Esta historia del coyote que va a la comunidad y compra a 10 pesos al productor y llega a la cabecera municipal y vende a 50 y llega alguien más y lo vende en la capital a 200 sigue existiendo. ¿Cómo van a ordenar el mercado de la producción agrícola? Esto implica construir nuevos instrumentos del Estado. Esa parte no se dice", comenta.

En opinión del académico, una de las mayores tensiones en la aplicación de la Cruzada será evitar que la participación de la sociedad civil sea utilizada con intenciones electorales, pues eso reforzaría la idea generalizada de que los programas son utilizados con ese fin y reduciría el alcance y el apoyo social a la estrategia.

"Habrá que observar con mucho detenimiento cómo este proceso no es abortado por un manejo intencionado o de percepción de que es utilizado con fines electorales", insiste.

El académico critica aún más que hasta ahora el gobierno federal no haya delineado cuál va a ser la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Cruzada, a pesar de que su creación -aprobada en diciembre pasado por el Congreso- es uno de los principales cambios a la administración pública planteados por Peña Nieto para eficientar el trabajo de la Sedesol y la aplicación de la política de ordenamiento territorial.

En este sentido asegura que la política territorial es fundamental para combatir el hambre ya que una de sus causas es la existencia de localidades dispersas y alejadas, lo cual les impide el acceso a servicios básicos y fuentes de empleo.

"Hay algunos qué, pero los cómo, más allá de una retórica, no están, y eso genera muchas dudas porque la realidad es mucho más compleja y va a requerir más que esto", concluye.


Conózcalo
Nombre: Mario Luis Fuentes
Cargo: director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.
Trayectoria: académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Ex director del IMSS.

Casos de la Tremenda Corte


Amparos fiscales desfalcan a Hacienda






En pocos meses la empresa recuperó mil 800 millones de pesos
El caso Del Valle, jugoso negocio ganado por Fernández de Cevallos
 Desde 1996, el caso fue llevado por diversos bufetes, sin éxito  Abogados socios de su despacho cobraron elevadas comisiones

PATRICIA MUÑOZ RIOS
Al despacho de abogados del senador Diego Fernández de Cevallos le tomó pocos meses lograr la devolución de mil 800 millones de pesos del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para uno de sus clientes, la empresa Jugos del Valle, ya que este caso fue defendido desde 1996 por diversos bufetes sin lograr la recuperación del monto demandado. En cambio, el despacho del político queretano -que no había llevado el asunto y lo tomó casi al final- lo logró en un tiempo récord.

Apenas habían pasado dos meses del inicio de este gobierno y de que el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se sentara en el sillón de su oficina, cuando se dio la decisión que se había postergado un sexenio para devolver a la compañía, representada por el despacho del legislador, mil 540 millones de pesos por el IVA que había pagado, así como aproximadamente otros 260 millones por el IEPS.

Con la decisión tomada para devolver este millonario monto de impuestos, en poco tiempo también se determinó la partida para aplicar los pagos. Así, el 15 de enero de 2001, Hacienda le entregó a la empresa la primera devolución de impuestos por 895 millones de pesos, según consta en un informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores por la misma empresa. De las otras entregas de dinero, que según documentos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se hicieron en febrero de ese mismo año, ya no hubo reportes a la BMV.

En la larga lista de casos ''ganados'' por el despacho del senador Fernández de Cevallos a favor de empresas privadas, en los que el gobierno federal tendrá que entregar millonarios montos de dinero, el caso de Jugos del Valle fue el que se logró en un tiempo express. Y mientras a otros bufetes contratados por la compañía se les pagaron honorarios por llevar el caso, el de los socios del panista se llevó la comisión sobre el monto recuperado.

El 12 de mayo de 2000, Jugos del Valle envía a la bolsa un reporte sobre el estatus de su demanda, en el que señala: en 1996 se interpuso una demanda de amparo en contra del artículo 2-A de la Ley del IVA, en el que se fija un gravamen para las bebidas envasadas, en particular a los jugos, néctares y concentrados de frutas y verduras.

Los abogados de la firma argumentaron en este juicio ''la inconstitucionalidad del artículo 2-A, ya que hacía distinciones y discriminaciones entre alimentos semejantes, es decir, otras bebidas que no pagaban este impuesto''. En 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conceder el amparo reconociendo la inconstitucionalidad del referido artículo, por ser violatorio de la garantía de equidad tributaria y ''como consecuencia de ello, Jugos del Valle adquirió el derecho a que le devuelvan todas y cada una de las cantidades pagadas por concepto del IVA desde el ejercicio de 1996, debidamente actualizadas y con los intereses correspondientes. Dichas cantidades están pendientes de ser determinadas por la empresa y por la SHCP''.

En otra nota, enviada a la BMV el 21 de junio del 2000, la empresa reiteró el planteamiento de que ya tenía un reconocimiento judicial sobre el asunto, sin embargo, planteó: ''Aún no se tiene la certeza sobre los montos y tiempos definitivos''. En esta última anotación, la compañía señalaba que no había ninguna seguridad sobre si el gobierno federal liquidaría el monto fijado, ni en qué tiempo lo haría, ya que durante todo el sexenio habían pugnado por esa devolución sin conseguirla.

En su reporte enviado a la bolsa el 15 de enero de 2001 -cuando el juicio ya había sido retomado por el despacho de Diego Fernández de Cevallos-, la empresa informó que ante la demanda de amparo que interpuso y ''como consecuencia de lo anterior, ha recibido una cantidad neta total equivalente a 895 millones 526 mil 353 pesos, incluyendo una devolución correspondiente al impuesto sobre producción y servicios''. Los restantes 900 millones se entregarían semanas después.

Versiones extraoficiales recogidas entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que el punto central por el que estuvo detenido el proceso durante varios años era precisamente la cantidad que reclamaba la empresa, ya que demandó la devolución a precios actualizados y con intereses de seis años, y la dependencia no estaba de acuerdo con ello. Las mismas fuentes hacendarias establecieron que a final de cuentas resultó un ''jugoso'' negocio para Jugos del Valle el pago de estos impuestos, pues se devolvieron a precios reales y con una mayor ganancia que si el dinero lo hubiera ahorrado en bancos.

Por otra parte, una lista elaborada por la propia Secretaría de Hacienda revela que el gobierno pagará más de 25 mil millones de pesos a diversas empresas por haber perdido juicios fiscales y de otra índole.





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