sábado, 6 de octubre de 2012

LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO LAS TINIEBLAS DE LA DERECHA SOBRE EL SECTOR ELECTRICO

SINIESTRA VENGANZA Y CINICA ENTREGA DEL BIEN NACIONAL A LA CLASE OLIGARCA NATIVA Y EXTRANJERA SUFRE UNA DERROTA QUE ES EL INICIO DE EL FIN DE UNA CANALLADA HISTORICA


QUEDO CLARO QUE CALDERON ES MENTIROSO Y UN TRAIDOR A LA PATRIA 


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MAS PRUEBAS SOBRE EL ATRACO AL PUEBLO DE MEXICO CON LA EXTINCION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 
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¿SERA AHORA EL TURNO DE LA CFE? 
UN OBJETIVO MAS DE LA OLIGARQUIA NEOLIBERAL QUE SE ADUEÑO DEL PAIS

¡EXTRA! ¡EXTRA!
 SE RECONOCE A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO PATRON SUBSTITUTO
 DE LOS 
TRABAJADORES
 DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO MIEMBROS DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 





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ENGROSE SOBRE EL AMPARO SOBRE EL CASO DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y LOS MIEMBROS DEL 
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 

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RECORDEMOS BREVEMENTE LA AMABILIDAD Y RESPETO DEL GOBIERNO CALDERONISTA HACIA LOS TRABAJADORES DEL SME  






Los trabajadores que se encontraban la noche del 9 de octubre de 2009 en el interior ó a las afueras del edificio “Verónica”, ubicación de las oficinas centrales de Luz y Fuerza del Centro, así como en los mas de 400 centros de trabajo del organismo desalojados o espectadores de la ocupación militar de las instalaciones, transitaron por diversos estados de ánimo en un breve lapso; la suspensión de toda actividad psicomotora el estupor, saliendo lentamente hacia el deseo de impedir que continuaran las acciones de las fuerzas de asalto que con extrema violencia con la que habían irrumpido en la vida laboral y operativa de una empresa centenaria, deseos todos reprimidos. El ataque hasta ese momento atribuido a la Policía Federal Preventiva; la indignación, la cólera, la rabia fueron, racionalizadas y traducidas de inmediato en calma y madurez, situaciones estas sumamente contradictorias en el contexto de los acontecimientos, ello impidió un enfrentamiento que de haberse dado se pronostica hubiese sido extremadamente violento [calculado y diseñado dentro de la maniobra de provocación por los estrategas de la asonada], en una palabra el encabronamiento del pueblo frente a los fusiles de quienes los despojaban de lo suyo. El trabajo[1] y la empresa propiedad del pueblo[2], violando; además de las normas ya no vigentes para los electricistas, su mas profunda convicción de trabajadores mexicanos y orgullosos de su historia proletaria forjada a lo largo de casi 110 años. Vieron una acción más de este gobierno siniestro, corrupto y criminal que pretendía zanjar la vida de una organización sindical fundada en pleno movimiento armado 1914.
Pasados alrededor de 90 minutos después de las 10 de la noche de ese sábado, los cientos de trabajadores y jubilados se retiraron de las instalaciones del edificio de Verónica, por indicaciones de Fernando Amezcua Castillo quien se encontraba en el lugar desde los primeros minutos del asalto. El Secretario del Exterior indico sobre la conveniencia de ir al recinto del Sindicato Mexicano de Electricistas para saber de forma oficial que había sucedido.  Las calles aledañas al edificio sindical fueron cerradas con los vehículos de los trabajadores empezando por la de Antonio Caso hasta  llegar a Insurgentes, ya para las doce de la noche sumaban miles los trabajadores electricistas y sus familiares quienes habían llegado hasta la sede sindical. Las noticias eran confusas y por momentos contradictorias el auditorio abarrotado, desbordado por miles de electricistas, sobre las calles de Insurgentes, Ezequiel Montes y Antonio Caso; casi toda la dirección sindical  reunida, con la visible ausencia de Humberto Montes de Oca, “corrían mil rumores” derivado de no estar presente; que había sido detenido, otros señalaban que no, que por ahí andaba, que no “que andaba de juerga”, se hacían preguntas, ¿seria el primero de los mártires del movimiento?, extraviado entre la multitud ú ¿otra vez de borrachera?: Los representantes sindicales habían dado el quórum necesario para que la asamblea y sus acuerdos tuvieran validez, se fija la hora: las 12 de la noche, relatan los Ciros, Dorigas, Marines se ha decretado la extinción de Luz y Fuerza del Centro sin mayor problema queda claro que las "autoridades" actuaron sin tener una orden legal o mínimamente una coartada que ocultara la ilegalidad inicial del cochinero, para ocupar instalaciones de trabajo cual si se tratara de casas de seguridad de sus cuates los narcos, cuando eso espetaban los comunicologos ya pasaban de la una de la madrugada del 10 de octubre de 2009. Tres horas de interregno sobre la vida del organismo, tres horas y ya contábamos con el primer mártir, tres horas y muchos electricistas no salian del estupor del golpe recibido, en fin el tiempo precisará con mayor certeza, crudeza y fuerza la verdad sobre los hechos de esas primeras horas.
La revista Proceso en su numero 1841 del 12 de febrero de 2012, informa: “Los “policías federales” que tomaron las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México la noche del 9 de octubre de 2009 en realidad eran soldados disfrazados, según testimonio del teniente de zapadores, que semanas después fue sometido a la justicia militar por “abandono de servicio de armas”. Marcos Gerardo Espinosa Pérez, quien hoy se encuentra libre bajo caución, declara que así como esas mentiras del gobierno federal hay otras: por ejemplo, hablar de policías federales caídos cuando en realidad se trata de militares. Crónica Arturo Rodriguez Garcia 
Revista Proceso 1841
12 de febrero de 2012

"DEMOSTRADO, FUERON SOLDADOS QUE CALDERON DESVISTIÓ DEL UNIFORME DE SOLDADO Y LES FELTO EL DE PEFÉPOS"

Eran las 11 de la noche del 10 de octubre de 2009 cuando varios batallones militares disfrazados de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México. Una hora después, justo a la medianoche, el gobierno calderonista anunció la extinción de la dependencia y adelantó su fusión operativa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los militares tomaron de manera simultánea las instalaciones estratégicas de la compañía en varias entidades para evitar que los trabajadores boicotearan el suministro de energía eléctrica en el centro del país.
La noche de ese sábado 10 de octubre cientos de militares disfrazados de agentes de la Policía Federal (PF) llegaron al edificio de Marina Nacional y Circuito Interior en la Ciudad de México y se apoderaron del Centro de Operación y Control de Luz y Fuerza. Tras desalojar a una veintena de trabajadores ocuparon las oficinas administrativas y desplegaron un cerco ante una eventual embestida del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Dos días después, con base en datos de la Secretaría de Seguridad Pública, Reforma informó que efectivos de la Unidad para el Reestablecimiento del Orden Público supervisados desde un helicóptero por el comisionado de la PF, Facundo Rosas, tomaron las instalaciones en sólo cinco minutos. El funcionario reportó el operativo a su jefe Genaro García Luna en tiempo real.
Sin embargo, de acuerdo con un expediente de justicia militar elaborado a partir de los testimonios de algunos soldados que participaron en aquel sabadazo, las unidades militares fueron concentradas desde temprano en el Centro de Mando de la PF en Iztapalapa. Ahí, precisa el documento, se les dotó de uniformes de la PF nuevos y equipos antimotines.
El teniente de zapadores Marcos Gerardo Espinosa Pérez, en ese tiempo comandante en el Tercer Batallón de Ingenieros de Combate de Santa Lucía, Estado de México, expuso, por ejemplo, que él participó en las operaciones de resguardo de instalaciones en el Valle de México e Hidalgo. La participación de tropas del Ejército disfrazadas de policías federales, dijo, se prolongó varios meses:
“Yo creía que eso era ilegal. Cuando me dijeron que iba como PF le pegunté a mi comandante si íbamos a reprimir una huelga. Y como somos un batallón de armas, entonces exigí mi nombramiento y sólo recibí una respuesta verbal: es una orden.”
Misión cumplida
Las imágenes de la incursión policiaca fueron ampliamente difundidas, en especial los videos entregados a El Universal, que los subió a su portal de internet un día después del operativo.
Los supuestos policías federales llegaron a las oficinas centrales de la empresa, en la capital del país, a bordo de patrullas y autobuses particulares. La ocupación se diseñó por medio del monitoreo de las cámaras de vigilancia urbana y se coordinó con sobrevuelos de helicópteros.
Tras su arribo al edificio de Luz y Fuerza, las tropas cercaron el inmueble. Minutos después llevaron varios tráileres con mamparas metálicas y en tres horas montaron un muro de contención.  Luego los mil 500 elementos se desplegaron en el interior del inmueble y reforzaron la vigilancia en las zonas de acceso.
 El testimonio del teniente Espinosa Pérez deja en claro que los supuestos policías federales en realidad eran soldados zapadores de combate entrenados en el uso de explosivos, apoyos logísticos, atrincheramientos y fortificaciones para enfrentamientos armados.
 El despliegue militar se realizó del modo similar en las instalaciones de Luz y Fuerza del Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. En ninguno de esos puntos encontraron resistencia.

En la Ciudad de México los integrantes del SME optaron por concentrarse en su edificio gremial, en Insurgentes Sur. Desde ahí los líderes llamaban a sus afiliados a no caer en provocaciones:
 “La verdad, durante el tiempo que duré, lo único que hacían era que iban y colocaban sus mantas. Yo nunca vi que hubiera violencia ni agresiones como para enviarnos pues, aunque desarmados, somos soldados de armas. Ellos exigían lo que les correspondía, pues. Nunca nos agredieron”, según el reporte del teniente Espinosa.
–¿Usted ya estaba ahí como policía federal? –pregunta el reportero al militar.
–Nada más disfrazado, sin ningún oficio de comisión a la PF, con el mismo sueldo y 30 pesos (diarios) de raciones en cheque que teníamos que ir a cobrar a un banco (para adquirir alimentos).
–¿Cómo les pagaban la nómina?
–A unos en depósito y a otros en cheque, pero las raciones las manejaba un intendente, que nos daba un cheque que teníamos que cobrar en Banjército por ser comandantes de destacamento. Con el efectivo pagábamos a los soldados las raciones. Era lo único que nos daban.
“Estábamos en condiciones infrahumanas. Los muchachos dormían en el suelo, principalmente en los baños, junto a las tazas o en las regaderas. Podían llevar algún colchón o cobija comprados con su dinero, pero no podíamos llevar ningún equipo militar, porque la misión era que nadie se diera cuenta de que éramos militares.”
–¿Cuántos elementos eran?
–Mi batallón estaba orgánico, desplegado. Unos 800 elementos, más otros regimientos. Por la zona militar había bastantes. Pero la orden era no dejarlos entrar (a los trabajadores) y que se mantuviera en secreto (que ellos eran soldados).
Sobre los 30 pesos de ración abunda:
“Es una cantidad que nos corresponde, pero como estábamos en esa situación, no sé si Luz y Fuerza o la CFE nos daban unos alimentos pagados; no sé de qué área del gobierno, y nos daban en especie.
“Fue de las cosas que nos daban en especie y eso también me obligó a exigir. Cuando es en especie, a veces faltan cosas, hay que procurarnos más cosas. Tampoco había sanidad, teníamos que conseguir algún medicamento… había muchos motivos urgentes y necesarios para salir (de las instalaciones).”
Durante los meses que estuvo disfrazado de policía federal, el teniente Espinosa fue removido a diferentes instalaciones: de Tultitlán y Ecatepec, en el Estado de México, a Tizayuca, Hidalgo. En ese último destino sus superiores encontraron un pretexto para someterlo a la justicia militar.
Los “crímenes” del teniente
En marzo de 2010 el teniente Espinosa Pérez había hecho varias observaciones a sus superiores sobre las condiciones en que estaban los soldados a su cargo. Acostumbrado a invertir de su bolsa, como la mayoría de los comandantes del Ejército, el teniente utilizaba su auto particular para desplazarse y se comunicaba únicamente con su teléfono celular.
Cuando explicaba las razones de sus salidas para ir a Banjército, comprar víveres para sus hombres o medicamentos, siempre se ponía en contacto con el mando a través de su teléfono. Una vez, estando en Tizayuca, perdió la comunicación porque se le acabó el saldo. Eso motivó que lo acusaran de abandono de servicio de armas.
“Mi salida de las instalaciones fue una necesidad. Todo comandante tiene la obligación de cumplir la misión, pero viendo por su gente. Para cumplirla se requieren factores de alimentación, comunicación, buena moral. La comunicación, cuando es mala, pone en riesgo la misión y a la gente. Uno puede hablar de un teléfono y se pueden captar cosas, alguien puede escuchar. La comunicación militar debe ser rápida, directa y segura.
“Yo no tenía comunicación, porque era mi teléfono personal, era del Valle de México y no tenía saldo. Perdí comunicación con el mando en la Ciudad de México. Cuando pude recargué 20 pesos; al regresar, ya me estaban esperando para llevarme a un Ministerio Público militar.”
Ante la fiscal castrense el teniente Espinosa explicó su situación y aprovechó para narrar el resto de las deficiencias, así como las condiciones en que él y sus subordinados se encontraban, en un intento por demostrar que no estaba en “un servicio de armas”, sino de disfraz. La fiscal recriminó al teniente; le dijo que no parecía educado en el Colegio Militar.
“Se lo dije ahí, lo he repetido en los juicios y lo sostengo: están muy equivocados si creen que ser del Colegio Militar implica estar callado, sumiso, aceptando injusticias. Debo ser disciplinado y honorable, por eso no puedo ser agachado”, advierte el entrevistado.
Por la falta de saldo, el teniente Espinosa Pérez es procesado en el Juzgado Cuarto Militar, donde se radicó el expediente 248/2010, en el que se hallan asentados documentales y testimonios que confirman la presencia militar con disfraz de PF en las instalaciones de Luz y Fuerza.
En mayo de 2010, dice, se trasladó a una base militar de Irapuato a visitar a su hijo de tres años procreado con una capitana odontóloga del Ejército. Había acordado con su pareja que visitaría al menor como cada semana, pero esa vez, cuando se aproximaba a la puerta de las instalaciones, la mujer gritó que se quería robar al menor.
Dice que los policías militares le pidieron detenerse. Él aceptó. Recuerda que comenzaron a llegar oficiales de más alto rango, hasta que el coronel José Raúl Celedón, juez militar, amenazó con procesarlo por insubordinación.
“Le dije que era una violación a mis derechos, pues en todo caso se trataba de un asunto familiar y yo tenía derecho de visita y convivencia con el niño. Pero así es en el Ejército, deciden hasta en derecho de familia”. El pequeño estaba asustado y lloraba, comenta, por lo que se lo regresó a su madre. La mujer no lo denunció.
Por esos días el teniente fue enviado a Miahuatlán, Oaxaca. Quedó bajo las órdenes de un amigo de Celedón, hasta que éste lo acusó de insubordinación por el incidente de Irapuato. El coronel dijo que Espinosa Pérez lo había amenazado de muerte.
“Con el poder que tienen los generales y conociendo al Ejército, ¿usted cree que por más enojado que estuviera iba a amenazar de muerte a un oficial”?, cuestiona el teniente.
Una patrulla de Policía Militar llegó por él en mayo de 2010 a Miahuatlán. Fue trasladado a la Ciudad de México donde además del proceso por abandono de servicio hoy enfrenta la causa 154/2010 en el Juzgado Sexto Militar. Desde el incidente en Irapuato no ha vuelto a ver a su hijo.
Montaje y negligencia
Disfrazar a militares de policías se ha vuelto una práctica común en el gobierno de Felipe Calderón, aun en los operativos contra el narco. El teniente Espinosa asegura que muchos de los muertos en esa guerra que se cuentan como elementos de la PF, en realidad eran soldados disfrazados.
Egresado del Heroico Colegio Militar, con 19 años de servicio y una hoja inmaculada hasta antes de su detención, Espinosa Pérez asegura que jamás tuvo problemas de ningún tipo, mucho menos deserciones, heridos o muertos entre sus hombres. Todo comenzó, dice, cuando lo enviaron al servicio de la PF que no le correspondía.
Hoy forma parte del Agrupamiento de Militares Procesados Libres Bajo Caución de la Primera Región Militar, asentado en el Campo Militar Número Uno.
Se describe como zapador, ciento por ciento de armas. Y cuenta: “Soy operativo. Le voy a comentar algo: muchos de los operativos, por falta de una cabeza lógica, sana y limpia, llegan a realizar asaltos. No se hace estudio de inteligencia. Matan y dicen que el muerto es narcotraficante. Todos sabemos que se debe hacer un estudio de inteligencia antes de hacer una tontería.
“He sido instructor en el Colegio Militar, también docente, siempre instruí lo mejor que pude. En el Ejército hay gente profesional, lo que falta es quitar lo arbitrario, lo corrupto y muchos vicios.”
–¿Cómo piensan los generales?
–Es una mentalidad muy negativa, cerrada y posesiva. Ellos mandan y se hace lo que dicen. Si un general se equivoca, vuelve a mandar; las consecuencias son siempre para los de abajo. Si uno es comandante y se te muere alguien, es tu culpa, no de quien dio la orden.
La situación de Espinosa Pérez es peculiar. Traído de Miahuatlán cuando se encontraba franco, no pudo recoger sus posesiones, pero le han exigido que porte uniforme, insignias y credenciales en las diligencias. No puede ir por ellas, pues si va más allá de 80 kilómetros se configura el delito de abandono de plaza. Si usa un uniforme ajeno, también es delito.
Asegura que en el caso de abandono de servicio, el juez ya se dio cuenta de que no era un destacamento de armas, que los documentos aportados por la fiscalía en su contra no tenían firmas ni sellos, que estaban hechos al vapor, incluso tenían fechas equivocadas.
“Yo, la verdad, sí pedí que me aclararan la situación (de la asignación a PF) porque creía que era una cosa ilegal. La huelga… la protesta es una cosa normal del trabajador que quiere defender su trabajo, y en el Ejército estamos para garantizar la seguridad interna y externa de la nación, no para reprimir trabajadores. Pienso que por eso empecé a tener problemas con el mando, porque no me gustaba someterme a esas órdenes.” TEXTO PUBLICADO EN LA REVISTA PROCESO 1841



[1] Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley..
[2] ESTATUTO Orgánico de Luz y Fuerza del Centro.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.
La Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, organismo público descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme al Decreto de Creación de fecha 8 de febrero de 1994, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 15 y fracción VIII del artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en el artículo 8 del propio Decreto de Creación de la Entidad, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 27 párrafo sexto, que corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público; Que Luz y Fuerza del Centro tiene como objeto prestar el servicio público de energía eléctrica que estaba a cargo de: Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A. y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país

Que asco, pero esa es la realidad así se tomo por asalto una institución que fue transformada de empresa extranjera privada a una de participación mayoritaria estatal en la década de los 60’s y que finalmente en la década de los 90 se transforma después de 34 años en un autentico Organismo Publico Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, para ser extinguida por la política cavernaria de la derecha representada por la oligarquía nativa y su casta gobernante emanada principalmente del PRIAN. Extinción inconstitucional, en la opinión de destacados constitucionalistas como es el caso de  RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS.  Quien ha asegurado que en el informe presentado al Congreso por el Presidente Calderón dijo que la extinción del organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro se debió a que "enfrentaba una situación financiera insostenible en la cual sus costos de operación eran casi del doble de sus ingresos... perdía por robos, por fallas técnicas, por corrupción o por ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía". Además justificó la liquidación de esa empresa con base en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de un organismo cuando su funcionamiento ya no resulta conveniente.

Nada más que el Presidente pasó por alto dos cosas: primera, que en el caso de que la precedente afirmación fuera cierta debió actuar conforme a Derecho y no en contra de él y, segunda, que ese artículo 16 es notoriamente anticonstitucional. Y al pasarlas por alto desvirtuó la realidad y desvió la percepción de la opinión pública.

En lo tocante a tal artículo es de recordar que el mismo, prescribiendo lo que en efecto prescribe, no acata lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional en lo relativo al derecho de audiencia ya que el texto dice que "nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio", lo que no se hizo porque los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro jamás fueron oídos, es decir, jamás la autoridad tomó en cuenta sus alegaciones antes de resolver de facto el asunto con el decreto. Lo cierto es que en su informe el Presidente no ha explicado o justificado -si ello fuera posible- las que sin duda son una serie de graves violaciones constitucionales, al margen del fallo injusto y equivocado, contrario a Derecho, de la Suprema Corte de Justicia.
Ojalá en el análisis del documento a cargo del Congreso de la Unión los diputados y senadores le pidan que explique esa falla, porque al Congreso le deben importar las razones jurídicas más que las políticas o las llamadas extrañamente "de Estado". Deben hacerlo y es su obligación como garantes de la Constitución. La gran pregunta es qué pasaría si deciden que el mandatario violó la Constitución.
Ahora bien, en lo que corresponde al Ejército y la Armada, cuya participación en el enfrentamiento con la delincuencia organizada y el narcotráfico ha sido tan criticada, es de recordar que el último párrafo del artículo 16 constitucional, tanto como el 129, delimitan en tiempo de paz la función del Ejército a la disciplina militar, o sea, sin interferir para nada en el espacio de los particulares o de la vida propiamente civil. Así mismo la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos determina en su artículo 11 que "El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al Presidente de la República".
En consecuencia las Fuerzas Armadas tienen el deber y obligación de obedecer al Presidente con base en los principios de disciplina militar y orden. Pero esto no obsta para que el Presidente acate "la Ley Suprema de toda la Unión" (artículo 133 constitucional) en sus artículos 16 y 129, ya citados, ordenando única y exclusivamente lo que la Carta Maga le permite.
Es de señalar que el párrafo último del artículo 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México dice textualmente que "El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Para efectos de esta Ley se le reconocerá como Mando Supremo de la Armada de México". ¿Por qué digo lo anterior? Porque el Presidente manda y aquéllos acatan las órdenes, obedecen, lo que significa que en rigor jurídico y en el enfrentamiento con la delincuencia organizada y el narcotráfico el Ejército y la Armada están excluidos de responsabilidad en los actos de la especie, salvo el exceso en el acatamiento de las órdenes. Sin embargo el Presidente no se halla excluido de responsabilidad, ya que sólo puede hacer lo que la ley le permite y en concreto la Constitución. Si hasta aquí la responsabilidad sobre la criminalidad de las decisiones tomadas por Felipe Calderón del Niño Jesús Hinojosa, en su lucha contra el narco ya son constitutivas de delito.
Que será si se le procesara como debe de hacerse, por haber disfrazado a los militares de policías y cual empresario yanqui del principios de siglo XX, los utilizo para reprimir, saquear y despojar a 44 600 trabajadores de su empleo y por ende a 44 600 familias fueron puestas en estado de indefensión, así como lastimar al erario nacional con la corrupción desatada al calor de los jugosos negocios que su camarilla realizo con los despojos de Luz y Fuerza del Centro.
Al respecto no hay que olvidar que en los términos de su artículo 87 protestó "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen", siendo que éstas no le permiten -como ya se ha visto- incluso en su calidad de Comandante Supremo desacatarlas o ir más allá de lo que establecen. En suma, los actos de autoridad de un Presidente de la República son susceptibles de violar cualquier precepto de la Constitución y otra cosa es que algunos sostenga, yo no, que es imposible someterlo a juicio por eso. En tal virtud, insisto, el Congreso ha de inquirir, averiguar al respecto, con absoluta escrupulosidad.
El Presidente informa, dice, manifiesta. Declara, pero el Congreso lo debe calificar. En asuntos tan relevantes para la República como la extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro y la participación de las fuerzas armadas en lo que ya se ha señalado, el Presidente tiene que ser interrogado por el pueblo soberano a través de sus representantes en el Poder Legislativo. Otra cosa seria burocratizar la obligación constitucional del Jefe de Estado y de Gobierno de rendirle cuentas a la nación.
Hoy mucho se pregona que ya pasó a la historia, y mal, que ya fue superado, el tristemente célebre "día del Presidente" con su caudal de homenajes, tributos y hasta servilismos mil. Era imposible o temerario criticarlo, no digamos juzgarlo. Pero si es verdad que ese día ya se dejó atrás entonces hay que reivindicar el derecho del pueblo a ser informado, y no basta con el acontecimiento del pasado 1º de septiembre. A la luz del Derecho hay que estudiar el documento, aclarar dudas, pedir explicaciones. Sólo así la democracia será efectiva.

INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE REVELA CON PRESICION LAS ABERRACIONES PLANTEADAS POR FECAL NO PUEDES DEJAR DE LEER PARA SAVER la sección segunda sector eléctrico  

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