PENSION UNIVERSAL: ROBO EN DESPOBLADO A LA CLASE TRABAJADORA

Seguro de desempleo una historia más de saqueo a los trabajadores.

Los diputados y senadores aprobaron El Régimen de Pensión Universal. Con el perpetraron un nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores, ante esto se impone tratar el Tema de forma puntual; de los 118 millones 896 mil 009 mexicanos, según datos oficiales, 88 millones 326 mil 076 están en edad de trabajar, siendo este concepto estar en la edad de 14 años en adelante.

Los informes del INEGI indican que existen 52 millones 675 mil 784  personas que se encuentran en lo que se conoce como: Población Económica Activa PEA y 35 millones 650 mil 292 se encuentran en la Población Económica Inactiva PEI. Finalmente llegamos al meollo del asunto, del total de la PEA se encuentran con ocupación es decir con trabajo con prestaciones, como son las aportaciones al IMSS, INFONAVIT Y AFORE, 50 millones 243 mil 493 personas, adicionalmente 2 millones 432 mil 291 están desempleados.

Distribución de la PEA:

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN

Cuarto Trimestre 2013

Asalariados	33 millones 745 mil 691
Trabajadores por Cuenta Propia	11 millones 105 mil 333
Empleadores	02 millones 239 mil 331
Sin Pago y Otros	03 millones 099 mil 291
Desocupados	02 millones 432 mil 291
Total	52 millones 675 mil 784

Fuente STPS e INEGI

De las cifras anteriores se deduce que el atraco, vía régimen de Pensión Universal, impuesto como parte un ofrecimiento hecho por un candidato mediático y ya como presidente errático, pero sobre todo en el contexto de una clase política estúpida e insensible que en algún momento de nuestra historia se le hará el juicio que permita resarcir y cobrar todas las ofensas. Tal desatino legal es una medida rapas, que recae directamente en contra de los intereses económicos de 33 millones 745 mil 691 trabajadores asalariados, ya que la propuesta de aplicación es para:

-Todos los mexicanos residentes en el país, mayores de 65 años y que además cumplan con los puntos que siguen.

-Todos los trabajadores que tengan un salario mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos; es decir:

a) Zona A, quienes ganan hasta 29 mil 142 pesos mensuales.

b) Zona B, quienes ganan hasta 27 mil 621 pesos como ingreso mensual.

Quienes no reciban actualmente una pensión contributiva;  se indica, quien no tengan pensión por retiro derivada de sus contribuciones a algún esquema de seguridad social durante sus años laborados.

Quienes no se pensionen bajo un régimen de reparto del IMSS, ISSSTE o entidades paraestatales, a partir de que se apruebe la ley respectiva que sustentará la existencia de la pensión universal.

El dilema que enfrentan los trabajadores es que no han sabido enfrentar de forma alguna, las reformas al Articulo 23 Constitucional por la vía de la modificación de la Ley Federal del Trabajo, para imponerles la Ley Patronal. Menos aún al parecer harán que la Pensión Universal que descansa sobre sus ahorros sea rechazada en los términos en que ha sido planteada. Esto lo decimos por que en 30 años no han logrado defender sus ingresos.

“En México, 6 millones 250 mil trabajadores sobreviven con un salario promedio de 65 pesos por día; casi 11 millones 700 mil mexicanos perciben hasta 130 pesos diarios, 9 millones 900 mil trabajadores ganan salarios de hasta 190 pesos. Sin embargo, hay 3.5 millones de personas que sólo perciben propinas, no tienen salario fijo, esto se dice en el análisis del reporte 109 del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, documenta que en el transcurso de los pasados 30 años, la mayoría de los trabajadores ha bajado el consumo de tortilla, pan blanco y leche, porque sus percepciones son insuficientes”.

En 1982 los trabajadores podían comprar si querían, 51 kilos de tortillas con un salario mínimo, hoy solamente pueden adquirir cinco kilogramos, es decir, los trabajadores mexicanos son cada vez más pobres, señala.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES SEGÚN SU INGRESO EN SALARIOS MÍNIMOS Y SU RELACIÓN PORCENTUAL A FEBRERO DE 2014.

Numero de Trabajadores	Numero Salarios Mínimos	Porciento	Acumulado
6 millones 500 mil	Un salario	18.52%
11 millones 500 mil	Hasta dos salarios	34.67%	53.19%
9 millones 900 mil	Tres o mas salarios	29.34%	82.53%
3 millones 500 mil	Solo perciben propinas	10.37%	92.90%
31 millones 408 mil	TOTALES	92.90%

Fuente datos CAM

El 18.52% de los trabajadores gana el salario mínimo SM; el 34.67% perciben hasta dos SM, así los dos primeros segmentos 17 millones 950 mil trabajadores, representan el 53.19 % del total de los asalariados y el 10.37 no tienen percepciones, esta distribución hace que los trabajadores de bajos ingresos que quieran ahorrar para un seguro de desempleo, deberán cotizar un largo periodo para lograr cubrir esta prestación.

Quien gane un salario mínimo requiere cotizar durante 200 meses, para tener un seguro de desempleo sin utilizar recursos del Fondo Solidario, lo cual equivale a 16  años con 6 meses.

Para aquellos trabajadores con ingresos mayores a dos salarios mínimos, el tiempo que requieren para financiar este beneficio será de cuando menos 90 meses, lo cual corresponde a 7.5 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

Los cálculos, de la SHCP estiman que el seguro de desempleo beneficiará a 2.2 millones de trabajadores al año, de los cuales 91 por ciento gana menos de 5 salarios mínimos. Esta cifra esta totalmente descontextualizada ya que de la cifras de la PEA existen 2 millones 432 mil 291 desocupados al cuarto trimestre de 2013.

Con la aprobación de la Ley del Seguro de Desempleo se determinó saquear el dinero de los trabajadores ya que de la aportación de 5 por ciento que actualmente hace el patrón a la subcuenta de vivienda, se divida en dos bolsas.

Un 2 por ciento se queda para la obtención de créditos hipotecarios y 3 por ciento restante se va a una subcuenta mixta, que servirá para fondear el seguro de desempleo. Que cachaza de ca…balleros

El Gobierno pondrá 0.5 por ciento sobre el salario base de cotización en el llamado Fondo Solidario, que se aportará sólo cuando sea insuficiente lo acumulado en la subcuenta mixta del trabajador.

Afirmamos como trabajadores, que este “seguro” no es un beneficio para los trabajadores debido a que se está financiando con sus propios recursos y no con recursos del Estado como se hace en otros países, lo que va a generar es una de pauperización futura, porque si se usa ahora el seguro de desempleo, en el futuro, el trabajador no tendrán con qué comprar una cas o el ahorro se verá mermado.

16 millones de personas son las que tienen seguridad social y tienen trabajos formales, sin embargo, cerca de 33 millones están en la informalidad y no tendrán acceso al Seguro de Desempleo.

De acuerdo con la Ley aprobada en la Cámara de Diputados para que los trabajadores por tiempo indeterminado puedan acceder al seguro de desempleo, se requiere contar con por lo menos 104 cotizaciones semanales en un periodo no mayor a treinta y seis meses.

Haber permanecido desempleado al menos cuarenta y cinco días naturales consecutivos; y no percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación o pensión.

¿EL DINERO DE DONDE SALIO?

Para financiar el nuevo Seguro de Desempleo, con la reforma que aprobó el Congreso de la Unión, se hará mediante la reestructuración de las subcuentas de ahorro de los trabajadores, esto sin crear una ley específica que regule ese cambio, lo que resulta aún peor pues ya sabemos que en “las letras pequeñas esta el diablo”. Esto es sumamente grave ya que por ejemplo en caso desocupación, el trabajador ya no dispondrá recursos de la subcuenta para el retiro, como establecen las leyes del IMSS e ISSSTE hasta ahora.

En su lugar se utilizará la nueva subcuenta mixta, financiada con tres puntos del Salario Base de Cotización (SBC) que se quitan la subcuenta de vivienda, para dejar esta última con 2 puntos porcentuales.

Adicional a la nueva subcuenta mixta, el Seguro de Desempleo recibirá financiamiento por parte del Gobierno federal, que aportará el 0.5 por ciento del SBC a un fondo solidario para garantizar un beneficio de un salario mínimo hasta por 6 meses a los trabajadores que se queden sin empleo.

A la hora del pago de la nueva prestación se utilizarán, en primer lugar, los recursos de la subcuenta mixta del trabajador.

En caso de que el saldo disponible en dicha cuenta no alcance para cubrir al menos el pago de un salario mínimo al mes, se cubrirá con los recursos del fondo solidario.

Si en algún momento el saldo de ese fondo tampoco alcance, el Gobierno federal cubrirá lo que haga falta.

El fondo solidario también serviría para las personas que se quedan sin trabajo y no tienen recursos suficientes para financiar con cargo a su propia subcuenta mixta su seguro de desempleo.

Con la reforma constitucional a los artículos 123, 4 y 73 aprobada por los diputados el 24 de octubre pasado, se dio origen a derechos sociales como la pensión universal y el seguro de desempleo.

Pero el monto de la pensión universal fijado en 580 pesos ni siquiera llega la medio salario mínimo y el financiamiento del seguro de desempleo disminuye de 5 a 2 por ciento del SBC la subcuenta de vivienda.

Con tanto desacuerdo, deberían tomar más tiempo para analizar el esquema. El financiamiento del seguro debe ser tripartito, sin afectar las aportaciones de vivienda.

Una consultoría especializada en finanzas públicas, hace énfasis sobre en que la manera en la que se planea financiar el seguro de desempleo, no es la más adecuada, pues en algunos casos podría generarse un daño en las aportaciones de largo plazo de los trabajadores.

"El problema es que se pensó primero en el programa antes de pensar de dónde iban a salir los recursos".

SIN CRECIMIENTO ESTO SE PONE PEOR

La pensión universal se convertirá en un problema si la economía no crece a tasas de al menos 4 por ciento de forma sostenida, eso no lo decimos únicamente los propios trabajadores, en esto coincidieron expertos en pensiones, veamos:

"La pensión universal es una carga más y si la situación económica no mejora, el Gobierno tendrá que allegarse de más recursos de los contribuyentes y podría endurecer las medidas de recaudación en 4 o 5 años", advirtió Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.

Expuso que la creación de la reforma universal se da en un momento en el que la economía no crece mucho por lo que el Gobierno tendrá que endeudarse para fondearla.

"La economía necesita crecer a tasa anuales de 4 por ciento para que no se convierta en un problema que le quite ahorro a la economía", señaló.

Por su parte, Álvaro Vargas, académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), alertó que la pensión universal se está creando con la expectativa del crecimiento que generarán las reformas estructurales.

Sin embargo, aún no quedan claros los modelos para ejecutarlas.

"El Gobierno le juega mucho a las reformas estructurales que permitan generar recursos para fondear", agregó el académico.

"Para que la política económica funcione, todos sus agentes deben funcionar correctamente", subrayó.

La pensión universal será de mil 92 pesos mensuales y se ajustará cada año conforme a la inflación. Podrán solicitarla las personas que cumplan 65 años y carezcan de otra cobertura de seguridad social.

Los legisladores tienen previsto un periodo de transición para que la actual pensión que otorga el Gobierno federal, a través del Programa de Pensión para Adultos Mayores, se incremente hasta igualar el valor de la Pensión Universal.

Los diputados aprobaron que los gastos de administración y operación correspondientes sean cubiertos por la Federación, por lo que también deberán preverse en el Presupuesto de Egresos.

Se prevé que en un primer periodo, la implementación de la pensión universal quede a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, para su posterior transferencia al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Finalmente, para su financiamiento el Gobierno debe constituir un fideicomiso en el Banco de México irrevocable, sin estructura orgánica, atendiendo los estudios actuariales y demográficos elaborados conforme al Reglamento de la Ley de la Pensión Universal.

Aunque este año los tecnócratas esperan que México registre una recuperación en la economía de 3.2 por ciento, pero hay dudas sobre la implementación de las reformas estructurales que se aprobaron el año pasado, aseguró Yves Zlotowski, economista en jefe de Coface.

Durante la conferencia sobre Riesgo País Coface México, Zlotowski señaló que el País ha logrado un cambio de imagen por la aprobación de reformas como la energética y hacendaria, sin embargo, hay expectativas sobre los resultados que tendrán.

"Con este paquete de reformas hay un avance, pero hay muchas preguntas con la implementación", afirmó durante su participación.

Añadió que si bien, un crecimiento de 3.2 por ciento es positivo, aún es bajo para el potencial que tiene México.

Zlotowski afirmó que temas como la corrupción y el estado de derecho son áreas de oportunidad para el País.

Acapara sector Construcción siniestralidad y reclamos

De acuerdo con Coface, firma de seguros de crédito para las empresas, el sector de la construcción, a nivel infraestructura y materias primas propias para esta industria, representó 54 por ciento de la siniestralidad el año pasado.

La siniestralidad de una compañía de seguro de crédito es la relación que existe entre los siniestros recibidos y la prima cobrada.

"La mayor concentración de lo reclamos por retraso de pago o insolvencia se dio en el sector de la construcción y de las materias primas utilizadas para este mismo sector", señalo Coface.

Patricia Krauze, economista para Latinoamérica de Coface, explicó que el año pasado hubo una contracción en el sector construcción, sobre todo por la entrada en vigor de nuevas reglas en vivienda.

Además de que se enfrentaron complicaciones por a situación financiera de las principales desarrolladoras de vivienda (Geo, Urbi y Homex).

Las pensiones y su implementación. 

En la opinión de la prensa  Reforma y La Jornada

Reprueba México en índice de pensiones

NEGOCIOS / Staff

Monterrey México (08 octubre 2013)

El sistema de pensiones de México fue incluido en el Índice Global de Pensiones de Mercer por primera vez este año, al obtener una categoría "C" con un puntaje de 50.1 de 100 puntos posibles, y ocupando el puesto número 15 de un total de 20 países.

La categoría "C" reúne elementos positivos, pero también presenta grandes riesgos y deficiencias que deben ser abordados con el fin de garantizar su eficacia y sustentabilidad a largo plazo, destacó la firma.

Lo que resalta para México es que obtiene la más baja calificación del índice en cuanto a integridad (46 vs 69.4); es decir, la regulación no promueve ni establece incentivos legales y fiscales para complementar las pensiones a través de planes privados y ahorro voluntario.

El sistema de seguridad social con una pensión mínima y los planes privados constituyen fortalezas; sin embargo, la integridad del sistema obtuvo un puntaje bajo.

De acuerdo con Enrique Marín, líder de retiro en Mercer para México y Latinoamérica, el índice revela que el nivel de pensiones otorgado por la seguridad social (adecuación) está por debajo del promedio (51.9 vs 61.2), lo que indica que no será suficiente para cubrir las necesidades de jubilación.

En el rubro de sustentabilidad, está prácticamente en el promedio (50.8 vs 51.9), lo que significa que financieramente no se prevén situaciones de alto riesgo.

"De eliminarse y limitarse la deducibilidad de las aportaciones a fondos de pensiones y ahorro voluntario respectivamente, como lo define la propuesta de reforma hacendaria, significará que México estaría alejándose todavía más de las mejores prácticas del mundo, enfrentándose a mayores desafíos de tipo social, y económicos en el corto, mediano y largo plazo", agregó el directivo de Mercer.

A nivel global, Dinamarca se convirtió en el primer país en obtener una Categoría "A" en el 2012 y se ha mantenido en dicha posición durante 2013, a pesar de que su puntaje general se redujo de 82.9 a 80.2.

El sistema de pensiones bien financiado de Dinamarca con su elevado nivel de activos y contribuciones, beneficios adecuados y con regulaciones desarrolladas, son las principales razones por las que este país ocupa el primer puesto.

Impulsarían aseguradoras con pensiones

Ernesto Sarabia

Cd. de México México (24 octubre 2013)

Este jueves se vota la reforma constitucional que daría origen a la pensión universal y al seguro de desempleo, y los diputados debaten qué hacer con la propuesta del Ejecutivo de que los trabajadores que incumplan con las semanas cotizadas contraten rentas vitalicias con empresas aseguradoras.

Según especialistas y la Ley del Seguro Social (LSS), en la actualidad cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad y tiene reconocidas mil 250 semanas cotizadas tiene derecho a una pensión de cesantía.

Al cubrir esas condiciones podrá optar por alguna de las alternativas siguientes: contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia y/o mantener el saldo de su cuenta individual en una Afore y efectuar con cargo a éste, retiros programados.

Otro caso es cuando el asegurado cumple esos requisitos, pero el saldo de su Afore es insuficiente para contratar una renta vitalicia o un retiro programado que le asegure el disfrute de una pensión garantizada, en el que el Gobierno federal otorga una pensión mínima garantizada de un salario mínimo del Distrito Federal actualizada.

Si el asegurado cumple el requisito de edad (65 años o más) y no reúne las mil 250 semanas de cotización, dice la ley actual, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.

En este último supuesto la iniciativa del Ejecutivo federal busca incidir, al proponer cambiar los artículos 154 y 162 de la LSS.

El artículo 154 propone que el trabajador cesante que tenga 60 años o más y no reúna las semanas de cotización, podrá disponer del saldo de su cuenta individual para contratar con una institución de seguros una renta vitalicia o mantener el saldo de su cuenta individual en una Afore y efectuar con cargo a éste, retiros programados; o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.

El artículo 162 de la iniciativa señala que en caso que el asegurado tenga 65 o más (vejez) y no reúna las semanas de cotización, podrá disponer del saldo de su cuenta individual para contratar con una institución de seguros una renta vitalicia o mantener el saldo de su cuenta individual en una Afore y efectuar con cargo a éste, retiros programados; o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.

Algo similar se lee en la iniciativa, al planear reformar los artículos 84 y 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De aprobarse las reformas, trabajadores como Pedro, quien tiene un saldo en su Afore de 250 mil pesos, una edad de 60 años y no alcanzó a cotizar al IMSS mil 250 semanas, no podrá retirar su ahorro en una solo exhibición como se hace hoy día.

Fernando Mayans, presidente de la Comisión Seguridad Social del Senado, opinó que con los cambios se busca favorecer el negocio las aseguradoras y ahorros fiscales para el Gobierno federal porque no pagaría la pensión universal de inmediato al trabajador de 65 años sin derecho a pensión mínima, sino hasta que a este trabajador se le venciera su contrato de seguro de renta vitalicia o su retiro programado en la Afore.

En caso de prosperar la reforma, Mayans propuso, la conveniencia de que el trabajador en este supuesto contrate su renta vitalicia con el IMSS o con el ISSSTE, bajo ciertas consideraciones.

Una de ellas es la experiencia por décadas del IMSS como institución de administración de seguros y pensiones, y otra es para evitar una "sangría" mayor a los ahorros de los trabajadores por contratar con compañías de seguros privadas con precios de mercado.

México SA

Pensiones: hambre garantizada

El gobierno tiró la papa caliente

Los patrones se lavan las manos

Carlos Fernández-Vega

Allá por julio de 1997 el entonces inquilino de Los Pinos celebraba que las modificaciones a la Ley del Seguro Social por él promovidas permitieron crear un sistema de pensiones para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, de tal suerte que gracias a su creatividad se encontró la gran solución social al México moderno de hoy. Por esas fechas entraron en operación las llamadas administradoras de fondos para el retiro (Afore), las cuales –llueva, truene o relampaguee– cobran a los trabajadores jugosas comisiones, sin importar si hay pérdidas o ganancias para los ahorristas.

Tan eficaz fue la gran solución social aportada por el gobierno de Ernesto Zedillo, que a estas alturas hasta el propio Banco Mundial (uno de los impulsores de este sistema de pensiones justo) reconoce que ante un importante sector laboral informal y una alta movilidad entre éste y el formal, aún para aquellos que cuentan con un registro en un programa contributivo, es probable que no alcancen ni siquiera a obtener una pensión mínima garantizada debido a los bajos niveles en la densidad de cotización.

De hecho, apunta el Banco Mundial, México se encuentra entre los países de América Latina con bajos índices de cobertura en su población de adultos mayores, particularmente en pensiones para la jubilación y el retiro. A pesar de que ha reformado sus principales programas de pensión sustituyéndolos por sistemas de capitalización total, contribuciones definidas y cuentas individuales, estas acciones respondieron más a las presiones fiscales que venían generando y a la necesidad de fomentar el ahorro financiero, que a lograr una mayor cobertura.

En su origen, anota el organismo financiero, los programas de retiro se plantearon como esquemas de reparto y beneficios definidos, financiados en su mayoría mediante aportaciones de los trabajadores, el gobierno y los patrones. Algunas excepciones se encuentran en programas estatales o de universidades, pero “en la medida que no se constituyeron las reservas necesarias (o las destinaron a fines distintos, o de plano se las robaron), con el tiempo prácticamente todos fueron requiriendo recursos fiscales generales para hacer frente a sus compromisos con sus jubilados y pensionados. El costo fiscal es una de las razones principales que ha provocado que durante las últimas dos décadas los principales programas hayan sido reformados, sustituyéndolos en su mayoría por esquemas de capitalización total, contribuciones definidas y cuentas individuales –como el IMSS en 1995 y el Issste en 2007– aunque también se han producido reformas sólo paramétricas en otros”.

Así, el gobierno y los representantes populares simple y sencillamente se lavaron las manos, dejaron desprotegidos a los trabajadores y crearon un gran negocio privado para los dueños del dinero. Entre los esfuerzos más recientes se cuenta el de la aprobación de una generosísima la Ley de la Pensión Universal, que autoriza otorgar, a partir del primero de enero de 2015, una pensión muy por debajo de la línea mínima (versión oficial) de bienestar: 580 pesotes para las personas de 65 años y más (siempre y cuando no reciban otro tipo de pensión), quienes deberán esperar tres lustros (hasta el 2030, si es que sobreviven) para que tal pensión alcance los mil 98 bilimbiques. Pero como no alcanza para todos, se estima que esta carretada de dinero sólo la recibiría 66 de cada cien mexicanos de esa edad.

¿Y cuál es el panorama mexicano? Pues bien, de acuerdo con el Banco Mundial el 95.1 por ciento de los adultos mayores de 65 años en el primer quintil (20 por ciento de la población) que habita en zonas urbanas y el 87.2 en zonas rurales no recibe ingresos. En el segundo quintil la principal fuente de ingresos son las transferencias (incluyendo pensiones) que representan 45.7 por ciento de los ingresos en la población urbana y 63.5 en la rural. En estos últimos, el ingreso combinado tanto laboral como derivado de transferencias es la principal fuente para los quintiles III, IV y V, con participaciones de entre 45 y 55 por ciento.

En la comparación en términos de orden de magnitud de estos ingresos, se observa que para los primeros dos quintiles sus ingresos son menores a un salario mínimo, mientras para el tercer quintil en esta situación se encuentra el 87.6 por ciento de la población urbana y 96.2 de la rural. Más de 90 por ciento de la población en el cuarto quintil recibe un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos y sólo 48.1 por ciento de la población en zonas urbanas en el último quintil reciben ingresos superiores a cinco mini salarios, mientras en las zonas rurales este porcentaje es de 34.7.

Actualmente, señala el Banco Mundial, el sistema mexicano de pensiones puede caracterizarse de manera general por su dualidad y fragmentación. Dan cuenta de su dualidad la existencia de un sistema de seguridad social contributivo con un paquete definido de beneficios para los trabajadores del sector formal privado y del sector público, que coexiste con un conjunto de servicios y beneficios fragmentados no contributivos ofrecidos mediante diversos programas de asistencia social a la población en pobreza, de bajos ingresos y en el sector informal de la economía.

La forma en la cual se fue conformando condujo a que al final se contara con un sistema altamente fragmentado, enormemente heterogéneo en términos de beneficios y nula portabilidad. Adicionalmente mostraba importantes ineficiencias debido a que la falta de información adecuada sobre los distintos programas y la carencia de una entidad que centralizara dicha información impedía eliminar duplicidades en el pago de beneficios y la prestación de otros servicios. Pero de manera más importante, los niveles de cobertura de la población se mantuvieron bajos. En 2009, aproximadamente el 35 por ciento de la población económicamente activa estaba afiliada a un programa público de pensiones; el 6.6 recibía una pensión de alguno de estos programas y poco menos del 6 recibía algún apoyo de pensión de los principales programas no contributivos, por lo que poco más de la mitad de la población no se encontraba cubierta.

Las rebanadas del pastel

Y de cereza, el Banco Mundial advierte que a estas alturas el aumento en el número de cuentas registradas y administradas por las Afore son datos administrativos que reflejan muy poco la situación de la cobertura efectiva en pensiones. Más de la mitad de estas cuentas estén inactivas, provocando que muchos de sus titulares ni siquiera tengan derecho a la pensión mínima garantizada, pero sí al hambre.