jueves, 12 de junio de 2014

LOS MEXICANOS, SUS PROPIEDADES Y SU CONSTITUCION

En el primer párrafo de la Constitución Revolucionaria de 1917 se estableció, el concepto sobre el derecho de propiedad privada que caracterizo a esa Constitución por su carácter social, ya que estableció que "la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Esta no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública mediante indemnización"

  tercero del artículo 27, "la nación tendría en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Este mismo precepto establece que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las adecuadas provisiones, usos y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y y el concepto de la rectoría del estado sobre el desarrollo nacional que se volvería explícito y sistemático  






Privatización de la Industria Eléctrica y la Rectoría del 

Estado

Por David Miranda Pérez

El titular del poder ejecutivo Enrique Peña Nieto, en la exposición de motivos de su iniciativa denominada Ley de la Industria Eléctrica (ley que abrogaría a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica), utiliza como un señuelo el concepto de Rectoría del Estado, para tratar de ocultar el carácter privatizador tanto de la reforma Constitucional a los artículos 25 y 27, como de las leyes reglamentarias en materia energética, que pretenden aprobar los legisladores.

El concepto de rectoría del Estado, no es nuevo ya existe en nuestra Constitución Política Mexicana. Mediante reforma a nuestra Carta Magna, el 3 de Febrero de 1983, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, el Congreso de la Unión estableció dicha figura en el primer párrafo del artículo 25 Constitucional. Sin embargo, este concepto estaba íntimamente ligado a la figura de Exclusividad de la Nación en materia energética establecido en el artículo 27), figura que la reforma Constitucional del 20 de diciembre de 2013 modificó, privatizando casi toda la cadena productiva de la Industria Eléctrica y del Petróleo.

A pesar de existir la rectoría del Estado, mediante la cual este fortalecería la Soberanía de la Nación, los gobiernos Neoliberales mexicanos llevaron a cabo un largo proceso de entrega a las empresas trasnacionales de una parte fundamental del Sector Eléctrico: la generación. A partir de 1992, y con la creación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 1994,  organismo privatizador, las empresas Españolas y norteamericanas, como Unión Fenosa, Iberdrola, Intergen, etc., se han apoderado de la generación de energía eléctrica, con tal magnitud, que hoy son dueños o controlan cerca del 60% de la capacidad de generación del Sector Eléctrico Nacional.

Esta condición era inconstitucional antes de la reforma de Diciembre de 2013, ahora legisladores y poder ejecutivo la han hecho Constitucional, entregando a los empresarios trasnacionales dos sectores fundamentales para el desarrollo de nuestra Nación. Decir que con la “rectoría del estado” se va asegurar “que no se ponga en riesgo la confiabilidad del suministro eléctrico”, es demagogia, ya que la única alternativa para que los mexicanos gocemos de un suministro eficiente de electricidad, con tarifas baratas, es mediante la Industria Pública Eléctrica, la cual ha sido pulverizada por Peña Nieto y sus legisladores tapetes.


Una alternativa es que los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, impulsemos la Renacionalización de la Industria Eléctrica. La salida es que la clase obrera mexicana deje de ser la gran ausente en las decisiones tomadas por el Estado Mexicano, y saquemos de nuestro país a estos voraces empresarios trasnacionales, junto con la llamada clase política que les ha servido de tapete, entregándo la riqueza que pertenece a la Nación mexicana.